Desclasifican archivos de Acteal y Aguas Blancas

Reportes inéditos elaborados por el Cisen revelan fotografías e información de inteligencia en torno a las matanzas de indígenas en Chiapas y campesinos de Guerrero en los 90; Archivo General de la Nación resguarda los documentos

Nacional 22 de febrero de 2024 Redacción Redacción

El Archivo General de la Nación (AGN) recibió los primeros expedientes de las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero (1995), y de Acteal, Chiapas (1997), que elaboró el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En los documentos inéditos —a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL— se incluyen fotografías y reportes de inteligencia.

En el caso de la matanza de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, una docena de imágenes reportan la llegada de los ataúdes para velar y enterrar a los 45 muertos que dejó la masacre, ocurrida tres años después del surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sobre la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, 13 fojas reportan los informes hechos por el gobierno municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, en torno al asesinato de 17 campesinos.

Funeral de los muertos de Acteal
Bajo el nombre Caso Acteal (fotos), el CNI entregó 12 imágenes de los funerales y entierros en la comunidad de Acteal de los 45 indígenas desplazados que fueron asesinados por paramilitares.

Además, entre las fotografías se observan mantas que la población elaboró exigiendo poner un alto a los ataques contra indígenas.

Bajo la clasificación CISEN-SN-01.04/1995, con el título Sacerdotes extranjeros expulsados y fechado en junio de 1995, se detallan reportes de supuestas declaraciones de indígenas que denuncian a tres sacerdotes extranjeros —Rodolfo Itzal Elorz (España), Jorge Alberto Barón Gultein (Argentina) y Loren Laroye Riebe (Estados Unidos)— de instigar a la población a unirse al EZLN para comprar armas.

“Los sacerdotes son extranjeros. Tienen tiempo que están ahí, hacen organizaciones. Ya no predican la palabra de Dios, nada más pura organización”. De manera particular, denunciaron que el cura Efraín y Pablo Nadolny llegaban a predicar la palabra de Dios un rato y luego hablaban de organización.

En los documentos se afirma que los sacerdotes acudían a las fiestas, a donde invitaban a catequistas, para orientarlos sobre cómo robar ganado.

En otro reporte —titulado Principales actividades de los tres sacerdotes extranjeros— se acusa que el 14 de marzo de 1994, tres meses después del levantamiento del EZLN, el sacerdote español Rodolfo Itzal Elorz promovió la ocupación de diversos predios rurales en la comunidad de Sabanilla.

“El 5 de febrero de 1995, Rodolfo Itzal Elorz ‘invitó’ a un vecino del ejido Emiliano Zapata, municipio de Tumbalá, para que entrenara a los líderes, los cuales iban a ser dotados con armamento nuevo. Itzal mostró rifles AR-15 y AK-47”.

Sobre el sacerdote Jorge Alberto Barón Gultein se indica que en 1983 participó en las tareas de apoyo y promoción que realizaba la Asociación Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), además se señala que “durante 1994 impartió cursos clandestinos de corte subversivo a catequistas”.

En cuanto a Loren Laroye Riebe Estrella, se le acusa que en el mes de marzo de 1995 encabezó una reunión en la ciudad de Ocosingo en la que “conminó a apoyar el movimiento zapatista y a continuar con la invasión de tierras”.

“El 16 de mayo de 1995 pobladores de Yajalón denunciaron que Riebe Estrella condicionaba servicios eclesiásticos a los indígenas hasta que no participaran en actividades de apoyo al grupo armado”.

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Caso Aguas Blancas

En el caso de la matanza de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, tituladas Hechos en Coyuca de Benítez, 12 fojas reportan los informes del gobierno de ese municipio sobre los hechos.

En el documento de inteligencia también se reproduce un boletín del PRD —fechado el 7 de julio de 1995— sobre la denuncia que había interpuesto en contra del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, así como en contra de su secretario de Gobierno, el procurador de justicia y autoridades policíacas.

En esta denuncia se acusa que la masacre de 17 personas fue perpetrada por el gobernador “y su organización criminal” el 28 de junio en Coyuca de Benítez, con el propósito de destruir a la Organización Campesina de la Sierra del Sur y al PRD en el estado de Guerrero.

Agencia Reforma
 
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