ONU-DH condena espionaje a Centro Prodh con Pegasus

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el espionaje contra el director y la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) con el programa Pegasus.

El organismo de la ONU reiteró que se debe de realizar una investigación independiente y eficaz sobre la adquisición y el uso de tecnologías de espionaje por parte del Gobierno de México, quien lo ha utilizado desde 2014.

Por último, hizo un llamado a las autoridades a abstenerse de cualquier represalia en su contra y a garantizar la no repetición de este tipo de conductas, que calificó como “indebidas”.

Esto después de que se revelara este martes que el director y de la coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, fueron espiados con el programa Pegasus el año pasado, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en 2021 que “ya no se espía a nadie”.

El Centro Prodh, fundado hace 25 años, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos. En su fase de litigio ha participado en los casos Ayotzinapa, Guardería ABC, Mujeres de Atenco, Pasta de Conchos, Tlatlaya, Alberta y Teresa, entre muchos otros.

Estos casos se suman a los más de 50 mil número de defensores, periodistas y otros personajes que han sido ingresados al sistema de NSO Group con fines de espionaje.

De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, el Gobierno de México se convirtió en sexenios anteriores en el primero y mayor usuario del programa de espionaje de Israel, una actividad que no se ha detenido en esta Administración.

En 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.

Mientras que el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre pasado documentos que hackeó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

A esto se sumó un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes prohibió al Ejército intervenir comunicaciones de ciudadanos sin una autorización judicial.

Evidencia de espionaje

Dispositivos del director y de la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, fueron infectados con el programa Pegasus, el software espía que solo es vendido a gobiernos para perseguir delitos, pero que en México ha sido utilizado contra defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos.

Los directivos del centro fueron blanco de al menos cinco infecciones alrededor de junio, julio y septiembre de 2022, según un dictamen emitido por Citizen Lab que se publica este día.

Los teléfonos de las víctimas de espionaje recibieron una alerta de Apple en diciembre de 2022, notificando que habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

Santiago Aguirre fue atacado con Pegasus en el año 2016, por lo que fue sujeto de espionaje ya en dos sexenios, durante la administración de Enrique Peña Nieto (PRI) y ahora de Andrés Manuel López Obrador (Morena).

Estos casos se suman a una larga lista de personajes de la esfera pública que han sido blanco del sistema de espionaje en México; no se conoce la cifra exacta de víctimas, pero las revelaciones de #PegasusProject apuntan que solo en un periodo entre 2016 y 2017 más de 50 mil números fueron ingresados al sistema de NSO Group, sin que el Estado mexicano haya cesado el uso del programa.

El último seguimiento ilegal apunta directamente al Ejército Mexicano. Las comunicaciones del activista Raymundo Ramos fueron seguidas por el Centro Militar de Inteligencia, que es el usuario final del programa de espionaje que vende NSO Group mediante intermediarios en México, aunque legalmente la Sedena no tiene facultades legales para realizar estas operaciones, coinciden expertos en la materia. 

Los elementos disponibles hacen al Centro Prodh llamar a cuentas al Ejército. En un pronunciamiento que se publica hoy apuntan que este tipo de espionaje, “en contextos de exigencia de verdad y justicia, así como de denuncia de la militarización, da cuenta de una institución en creciente empoderamiento y sin controles adecuados, resistente a rendir cuentas y que funciona bajo lógicas poco democráticas, sin subordinación al orden civil, lo que confirma las consecuencias para los derechos humanos y para la democracia de la profundización de la militarización que actualmente vivimos”.

Seguimiento ilegal a los defensores de derechos

Una revisión realizada por el Centro Prodh indica que alrededor de las fechas de infección sus representantes estuvieron involucrados en la defensa y vocería de casos de alto impacto en materia de derechos humanos.

Entre los casos estaba el acompañamiento de la denuncia por el homicidio de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, en Cerocahui (20 de junio).

En una de las fechas aproximadas de infección, los abogados del Centro Prodh habían participado en el evento que se realizó en el Campo Militar número 1 sobre el Mecanismo de Esclarecimiento de casos de la Guerra Sucia, el 22 de junio.

Con información de Agencia El Universal