Oposición va por anular desaparición de fideicomisos; alistan lluvia de amparos

Después de que las bancadas de Morena, PT y Verde en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa del líder morenista Ignacio Mier de extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que permitirá reintegrar a la Tesorería de la Federación 15 mil millones de pesos, la oposición en San Lázaro anunció una contraofensiva judicial para anular esta reforma.

Diputados del PAN, PRI, PRD y MC adelantaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional y echar abajo esta reforma.

El diputado Saúl Téllez (PAN) dijo que para su bancada la iniciativa morenista es una propuesta agresiva, que menoscaba al Poder Judicial y que implica la intromisión directa del Poder Legislativo en la autonomía de otro poder.

“No vamos a permitir que esta iniciativa atente en contra de la progresividad de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, aseveró el legislador albiazul.

En tanto, la diputada Leticia Zepeda, también del PAN, sostuvo que “es evidente que se busca debilitar el sistema de justicia de nuestro país por orden directa desde Palacio Nacional, ante el valor y la dignidad que han tenido alguna administración y ministros de votar en contra de las decisiones y reformas inconstitucionales del Presidente”.

Salomón Chertorivski, de MC, advirtió que la iniciativa viola derechos laborales, por lo que adelantó que “vamos a tener que volver a litigar”, mientras que el diputado perredista Miguel Ángel Torres detalló que los fondos operan en beneficio de los trabajadores “desde hace más de 15 años”, y calificó de “legítimo” que se otorguen bonos a jueces y magistrados “para evitar que sean cooptados por el crimen organizado”.

Por su parte, Francisco Burgoa, constitucionalista de la UNAM, explicó que tras el aval a la reforma se espera una ola de amparos y querellas legales, principalmente por legisladores de oposición, así como por los trabajadores de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que asciende a más de 55 mil 800 personas.

“Por supuesto que todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que se vean afectados en el ejercicio de sus derechos adquiridos pueden presentar demandas de amparo indirecto, precisamente ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa para que intervengan con el propósito de que puedan preservar el ejercicio de sus derechos adquiridos, y esto es un asunto que también en su momento podría llegar hasta el pleno de la Suprema Corte precisamente por ser finalmente asuntos inéditos, que por su contenido y argumentación jurídica sí ameritaría que también los pudiera conocer en un momento dado la Suprema Corte”.

El constitucionalista detalló que eventualmente, si la Corte aceptara un solo amparo, pudiera estar sentando precedente, lo que implicaría amparar a todos los empleados que soliciten el recurso de ley.

En defensa del proyecto, el diputado de Morena Hamlet García Almaguer advirtió que, a pesar de que todavía falta la votación en el pleno, “los fideicomisos del Poder Judicial están en agonía y lo único que los mantiene vivos es la respiración artificial que les provee la oposición. Es una pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial de la Federación”.

La propuesta establece que todas las disponibilidades que existan en 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial “se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.

Propone que sólo se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de esa ley.

Lo anterior representa que sólo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo éste el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, mientras que los 15 mil 425.9 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería”.

De los 14 fideicomisos, seis corresponden a la Suprema Corte, por 6 mil 241.9 millones de pesos; seis más son del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones, y otros dos le corresponden al Tribunal Electoral, con 15 millones 941 mil pesos.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su debate en el pleno.

Agencia El Universal

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