Cruz Azul y Restaurante Arroyo: modus operandi del despojo

El abogado Jorge Enrique Ortega Flores, del despacho Sociedad Litigios de Operaciones de Negocios México SC, participó como árbitro en una decena de conflictos comerciales entre empresarios y hombres de negocios, en los que el resultado siempre fue el mismo: una victoria para los clientes de su socio Luis Miguel Campos Díaz de la Vega. Así se hicieron de diversos inmuebles y establecimientos comerciales en la Ciudad de México y en diversos estados del país. Hace unos días ambos fueron detenidos, están presos y vinculados a proceso por el delito de fraude procesal.

A Luis Miguel Campos se le identifica como uno de los representantes legales de Guillermo “Billy” Álvarez, otro litigante más vinculado con la cooperativa La Cruz Azul. En específico, se le vincula con su colaborador Federico Sarabia Pozo, actual líder de la resistencia contra Víctor Velázquez y José Antonio Marín. El cooperativista es el tercer personaje que en los últimos cuatro años se ha declarado presidente del Consejo de Administración de la cementera.

Un supuesto legado y las indicaciones precisas de Billy llevaron a Sarabia a reclamar la propiedad de varias instalaciones de la cooperativa. El sustento fue un laudo arbitral de Ortega Flores contrario a todas las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México e incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desconocían a Federico Sarabia como representante de los cooperativistas.

Aun en este contexto, Sarabia y abogados tomaron posesión de diversos bienes de la firma cementera. Se atrincheraron en la planta de Hidalgo y desde ahí buscaron despojar de sus posiciones a los otrora disidentes Velázquez y Marín. El resultado fue la detención para el abogado Campos Díaz de la Vega el pasado 15 de marzo, y tres días después del autor del polémico laudo, Jorge Enrique Ortega, quienes ya se encuentran vinculados a proceso.

La figura del laudo arbitral está contemplada en la legislación mexicana, por lo que a pesar de resultar de un proceso exclusivo entre privados, sin la intervención de un órgano jurisdiccional, suele equipararse con una sentencia judicial para resolver controversias entre dos partes que se encuentran en conflicto. Los especialistas aseguran que en los últimos tiempos se ha abusado de este recurso, incluso se ha convertido en la herramienta de los cárteles inmobiliarios para concretar despojos.

Por ejemplo, este mismo par de abogados —uno en su función de árbitro y otro en su carácter de representante legal y defensor de una de las partes— participaron en los actos de despojo del Restaurante Arroyo, cometidos en diciembre de 2020 en agravio de su propietario original, José de Jesús Ricardo Arroyo Aguirre. En este caso se trató de un pleito más bien familiar, pero con resultados por demás lucrativos por la fama y el nivel de ingresos del emblemático negocio de comida mexicana.

El conocido “Chucho” Arroyo papá, propietario y fundador de las razones sociales Restaurante Arroyo, Restaurante Bar Plaza de Toros Antonio Velázquez, Arroyo Marca Tradicional Mexicana y Controladora Santa Úrsula, revocó los nombramientos de su hijo José Víctor Arroyo Loyo como administrador único y director general del grupo. La decisión se tomó porque había detectado diversas irregularidades en las finanzas de sus negocios.

Ahí fue cuando hicieron su aparición Luis Miguel Campos y Jorge Enrique Ortega, quienes operaron también un supuesto laudo arbitral para regresar los derechos de representación a Arroyo Loyo, presentado ante los propietarios originales como resultado de una supuesta asamblea de socios de la que no existe evidencia. El registro que se tiene en la memoria de aquel evento son las imágenes en las que el heredero y sus abogados, acompañados de un grupo de 50 personas, tomaron con violencia las instalaciones del popular establecimiento comercial y de la plaza de toros de su padre.

En los próximos días las autoridades darán seguimiento a otros tantos procedimientos en los que participaron irregularmente estos abogados que hicieron de la emisión de laudos irregulares un modus operandi.

Opinión de Mario Maldonado (Agencia El Universal).